En la última década, los gobiernos de turno han desfinanciado deliberadamente la salud pública, estancando la inversión necesaria para responder a las demandas de la población, mientras desviaban recursos públicos al sector privado, a través de seguros VIP y tercerizaciones de servicios, pasando del 4% del total de la inversión pública, a más del 12%.
Desde el 18 de marzo del 2020, en que se declaró la emergencia, hemos padecido criminalmente; la inoperancia, la falta de gestión y la corrupción en el uso de los recursos del Estado, que han impedido el impacto esperado, para el fortalecimiento de nuestro sistema de salud pública. Y, ahora, observamos que en nombre de la emergencia sanitaria, según lo que dicta el código sanitario, en su Art. 13, «por el cual el Poder Ejecutivo tiene potestad de exigir acciones específicas extraordinarias a las instituciones públicas y privadas«, se ha aprobado el Decreto presidencial 4010, que faculta al Ministerio de Salud como «medida extraordinaria» a la compra de Servicios de internación, de terapia Intensiva, y al uso de laboratorios de empresas privadas, ante el inminente desborde de nuestro precarizado servicio público de salud, en el pico de la pandemia.
Los acuerdos con las empresas a precios de mercado de la enfermedad, y la mercantilización de la salud, NO son medidas extraordinarias ante la emergencia sanitaria.
Teniendo en cuenta que la Constitución Nacional artículo 1°, establece que el Estado Social de Derecho se funda en el reconocimiento de la dignidad humana, y por lo tanto, ante cualquier bien, prima el interés social y es de supremo valor la dignidad humana, particularmente, ante la salud y la enfermedad, no consideramos medidas extraordinarias la propuesta del gobierno de turno.
Ante el derecho a la vida y a la salud, y al Estado como garante, exigimos tomar medidas realmente, extraordinarias:
- Poner la vida por encima del lucro. Establecer corresponsabilidad al interior de todo el sistema nacional de salud, incluyendo al privado, para que las decisiones sanitarias y el uso de los recursos, respondan a criterios de salud pública, bajo la rectoría del Ministerio de Salud y como principal prestador de servicios del país.
- La inversión estatal, debe priorizar la red de servicios públicos, y seguir fortaleciendo la capacidad institucional ante las necesidades de salud.
- Aprobar un protocolo de acceso igualitario de la población, a todo el sistema de salud, bajo criterios médicos, gerenciado y supervisado por el Ministerio de Salud Pública.
- Crear y Fortalecer mecanismos de participación y control de la ciudadanía, del uso de los recursos públicos, incluyendo el uso de estos, por parte de las empresas privadas de salud, y contundencia estatal, ante la mercantilización, los negociados y la corrupción.
Seguiremos luchando para que la pandemia nos deje como resultado, que las medidas extraordinarias, que reconocen la vida y la salud por encima del lucro, sean realmente valores innegociables que guíen las decisiones públicas.
Movimiento Nacional por el derecho a la Salud María Rivarola; Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva (ALAMES) Capítulo Paraguay; y Comunidad de Laicos «Laudato Si»
Alames Paraguay 