Desde ALAMES queremos dar las gracias al “Caso del Pastor Abreu”.
Gracias al caso ha tomado estado público que en nuestro país existen, y se profundizan cada día más, las inequidades sanitarias. Al menos tres hechos quedan en evidencia:
- La falta de acceso a la salud integral. Acceder a un trasplante en Paraguay es un privilegio de pocos. Muchas personas fallecen sin haber tenido ninguna opción en nuestro sistema de salud.
- Las políticas que no son universales profundizan las desigualdades. Por ejemplo, el convenio por el cual el MSPBS puede utilizar la infraestructura del IPS para los trasplantes de médula ósea, en principio, fue sólo para las personas de escasos recursos, lo que dejó fuera de esta política a una gran parte de la población, que, si bien no está reconocida en esa franja supuestamente de pobreza, en realidad son personas empobrecidas y sin protección social. ¿Quién no es pobre cuando se enfrenta a millonarios costos de tratamientos médicos? No olvidemos que en nuestro país el 70% de la población trabaja en condiciones de informalidad y no tiene acceso al IPS. Si bien, posteriormente, el convenio se amplió a toda la población, en términos efectivos, no se produjo el acceso universal, pues la institucionalidad del sistema requiere aún de ajustes importantes para evitar los agujeros y los privilegios que generan grandes inequidades. Las políticas de salud tienen que pensarse como universales siempre.
- Sin un sistema de salud para todos, se mantienen los favores y privilegios. Las instituciones del Estado no responden a las demandas sociales con la misma celeridad y pertinencia cuando se trata de personas sin capital económico y político (cuánto dinero tienes, cuántos contactos políticos y amigos tienes, etc.) que cuando eres una persona del pueblo llano, ese, al que pertenecemos el 98% de la población en nuestro país.
Por tanto, en ALAMES, agradecemos que el “Caso del Pastor Abreu” haya puesto de manifiesto, una vez más que:
– Garantizar el derecho a la salud no debe ser la excepción, debe ser la norma. Toda la infraestructura, tecnología y recursos públicos, deben estar al servicio de toda la población.
– Cualquier gestión necesaria debe ser realizada de oficio por las instituciones. No podemos seguir peregrinando por acceder a la salud. El problema de acceso no deriva sólo del desconocimiento de la población sobre la existencia de los convenios en salud, se debe también a las múltiples discriminaciones: étnicas, económicas, educativas, partidarias, así como la sobrecarga burocrática y de gestiones de una población sin acceso a medios de movilidad e internet, cuando además, están en momentos de vulnerabilidad por enfermedad.
– Los seguros privados y empresas de medicina pre-paga se desentienden de enfermedades que impliquen tratamientos costosos y también de las enfermedades epidémicas o pandémicas, e incluso, los que pagan desde hace muchos años no tienen garantizada la atención. Estas empresas deben existir, pero en el mundo al que realmente pertenecen, al mercado, y responder a las necesidades individuales de aquellas personas que las quieran pagar, pero cuando hablamos de salud pública, debemos fortalecer lo verdaderamente público: instituciones públicas, recursos públicos, tecnología pública, personal bien retribuido, formado y capaz.
– Necesitamos eliminar los seguros vip y revisar la tercerización de servicios hacia empresas privadas, no sólo porque profundicen la desigualdad y los privilegios de algunos, sino también porque dificultan la optimización de los recursos públicos, generan dependencia del mercado oligopólico de la enfermedad, encarecen la prestación de servicios y debilitan la institucionalidad pública por falta de inversión.
– Es necesario revisar el modelo de aseguramiento social (IPS) que beneficia sólo al 22% de la población con salario formal. Este modelo previsional basado en un modelo económico de empleo pleno, genera desprotección social para la mayor parte de la población y profundiza las inequidades sanitarias.
– Debemos construir un sistema único de salud, igual para todas las personas, que sea público, universal y con recursos suficientes para responder a las necesidades de la población, basado en justicia tributaria, eliminando los privilegios y favoreciendo al derecho a la salud de toda la población.
Es hora de participar y defender un nuevo sistema de salud donde no tengamos que pedir más favores por acceder a la atención en salud, que de hecho es un Derecho.
ALAMES Paraguay, 31/01/2021
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